La justicia no es para todos

La Justicia, ¿igual para todos? Una pregunta incómoda

La justicia se postula como uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, garantizando la equidad y la igualdad ante la ley. Sin embargo, una mirada crítica a la realidad nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿es la justicia realmente igual para todos, o su balanza se inclina a favor de quienes poseen mayores recursos económicos? La evidencia sugiere, con preocupante frecuencia, lo segundo.

Abogados: Una ventaja económica decisiva

Una de las primeras y más evidentes barreras se encuentra en el acceso a una defensa legal de calidad. No todo el mundo tiene la capacidad económica para contratar a un abogado privado. No se trata de desmerecer el trabajo de los abogados de oficio, cuya labor es esencial y a menudo heroica en condiciones difíciles. Sin embargo, es un hecho que el Estado les retribuye con honorarios que, en muchos casos, apenas cubren el esfuerzo y la dedicación que un caso complejo requiere. Esta infravaloración económica puede, comprensiblemente, desmotivar a la hora de dedicar todas las horas y recursos que ciertos litigios demandan.

Contratar un abogado de parte, uno al que se le paga adecuadamente por su tiempo y experiencia, representa una ventaja añadida innegable en la posibilidad de salir absuelto o conseguir una sentencia más favorable ante un problema judicial. Por supuesto, no es una garantía; la justicia no es una ciencia exacta y el resultado depende de muchos factores. Pero es innegable que permite una mayor inversión en recursos de investigación, tiempo de preparación, o incluso el acceso a peritajes y pruebas que pueden ser decisivos.

Las cárceles: Un reflejo de la desigualdad social

Curiosamente, las cárceles de nuestro país, y de muchos otros, están desproporcionadamente llenas de personas sin recursos económicos suficientes. Si bien la pobreza es, lamentablemente, uno de los grandes factores que pueden conducir a la comisión de delitos –impulsados por la necesidad, la falta de oportunidades o la exclusión social–, también es una realidad que la gente adinerada comete delitos. Y, en demasiadas ocasiones, sus delitos son de una índole que a menudo queda oculta a la luz pública, o de la que logran salir impunes.

Hablamos de delitos de guante blanco: fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción, estafas complejas. Delitos que requieren un conocimiento profundo del sistema, y cuya investigación y defensa suelen ser extremadamente costosas y prolongadas. Aquí es donde la capacidad de financiar una defensa robusta, con equipos de abogados, peritos y expertos en fiscalidad o finanzas, marca una diferencia abismal.

La urgencia de una justicia verdaderamente equitativa

La justicia debería ser la garantía de equidad e igualdad para todos, un refugio para los vulnerables y un límite para los poderosos. Sin embargo, en la práctica, a menudo se ceba con los más débiles, con aquellos que no pueden permitirse una defensa de lujo o que carecen de los contactos y la influencia necesarios para navegar por las complejidades del sistema legal.

Esto no es un ataque a la integridad de jueces o fiscales, ni a la dedicación de muchos abogados de oficio. Es una crítica sistémica que busca señalar una fractura profunda en la promesa de igualdad de nuestro estado de derecho. Urge una reflexión y una reforma que aseguren que el acceso a la justicia y sus resultados no dependan del tamaño de la cartera, sino exclusivamente de la verdad y la aplicación imparcial de la ley. Porque, al final, una sociedad donde la justicia no es igual para todos es una sociedad intrínsecamente menos justa.